Crevillent a 10 de febrero, el Grupo Municipal de Compromís considera que los datos del paro del mes de enero que suponen un descenso de 39 personas es un dato positivo que cabe valorar en su justa medida para poder analizar con objetividad los resultados de cualquier política pública.
Para este Grupo Municipal el que en un municipio como Crevillent que esta en un porcentaje del 26% de parados en relación a la población en edad de trabajar que suman 4.969 personas, el hecho de que 39 personas hayan dejado de estar inscritas en la oficina de empleo local no es algo que pueda llevarnos al optimismo ni a la autosatisfacción aunque siempre sea mejor que cualquier dato negativo, ya que el dejar de estar inscritos en las oficinas de empleo se puede deber a que se ha encontrado trabajo o a otros motivos.
Hay que tener en cuenta que la EPA considera parados a las personas que buscan activamente empleo por lo que considera inactivos y dejan de estar en la relación de parados a todos los que han dejado de buscarlo por diferentes causas: emigración, desánimo, poca confianza en encontrar empleo, en formación para mejorar currículum y aumentar las posibilidades de encontrarlo, o necesidad de quedarse en casa para, por ejemplo, atender a familiares dependientes o a hijos que por no poder pagar la guardería.
Desde Compromís seguimos considerando que las cifras del paro no son números matemáticos y que detrás hay personas y familias con sus propios dramas personales, en algunos casos ya no tiene ningún ingreso. Según cifras del propio Ministerio de Empleo el 38% de los parados registrados no perciben ninguna prestación, lo que supone en Crevillent que podría estar cerca de 2.000 parados, cuestión que merece una atención especial y urgente
Por lo que desde Compromís consideramos que es prioritario el impulso de iniciativas en dos sentidos una dirigida al apoyo e impulso de iniciativas generadoras de empleo, y la otra en el campo de la política social estableciendo mecanismos de ayuda a las familias que carecen de ingresos, a las que no se puede dejar exclusivamente en manos de las entidades caritativas eludiendo la responsabilidad de las administraciones públicas.